La dictadura OrtegaMurillo está pérdida en su laberinto de poder, dónde solo caben la represión, la militarización del estado y la criminalización de las protestas pacíficas del movimiento nacional autoconvocado. La expulsión de la comisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en venganza por el informe presentado que responsabiliza al régimen OrtegaMurillo por las masacres cometidas y por la violación sistemática de derechos humanos, reafirma la total falta de respeto y compromiso con los acuerdos internacionales suscrito por el estado de Nicaragua.

Este es un segmento del Programa Feminista La Corriente, se compartirá con la audiencia de Radio Corporación.

Se transmite Lunes, Miércoles y Viernes a las 7:10 de la mañana con retransmisión en el Noticiero 10 en punto a las 10 de la noche.

La dictadura OrtegaMurillo vocifera en contra de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, porque en el último informe presentado el 29 de agosto, declara que en Nicaragua no hubo un intento de golpe de Estado, sino una masacre en contra de las personas que protestan. También señala que hay una sistemática violación de derechos humanos por parte del Estado y que esto no se puede confundir con los crímenes que puedan haber cometido personas particulares, en el marco de las protestas.

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Acostumbrada como está a imponerse por la fuerza, la dictadura Ortega-Murillo cree que amenazando, encarcelando y torturando a personas que participan en acciones de protesta podrá desmoralizar a la mayoria del pueblo que exige su salida y reclama justicia.

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Desde que la dictadura Ortega-Murillo alcanzó la pírrica victoria de quitar los tranques a punta de balas, se han dedicado a perseguir y encarcelar a quienes según ellos jugaron un papel clave en el levantamiento de los mismos o han dado protección a jóvenes que están siendo perseguidos por policías y paramilitares.

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La oficialización del nombramiento de Francisco Díaz y Ramón Avellán como jefe y subjefe de la policía nacional, constituye una ofensa para el pueblo nicaragüense y también una clara amenaza por parte del régimen OrtegaMurillo.

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El régimen intenta desesperadamente volver a engañar a la gente que un día les dio su respaldo. Envían a militantes del Fsln, junto con los miembros de la policía , a ofrecer seguridad ciudadana, lo que en su lenguaje quiere decir: reforzar las medidas de vigilancia y de control de todas aquellas personas que han participado en acciones de protesta.

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