De acuerdo a ONU Mujeres, las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano de obra agrícola, por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), afirma que se podría sacar de la pobreza a más de 100 millones de personas, si las mujeres rurales tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos productivos.

En todo el mundo, las mujeres rurales sufren desigualmente los múltiples aspectos de la pobreza y el machismo, limitando con ello el acceso equitativo a servicios públicos como la educación, la salud y el derecho a la tenencia de tierras.

La FAO también ha documentado el impacto ocasionado por la crisis sanitaria del COVID19, la cual agudizó las desigualdades sufridas por 58 millones de mujeres que viven en zonas rurales en América Latina, cuya carga de trabajo se vio intensificada por la pandemia, a la vez que se redujeron sus oportunidades económicas y su acceso a una alimentación nutritiva.

En Nicaragua, las campesinas siguen esperando a que el Estado destine una partida presupuestaria para tener acceso a parcelas propias, tal y como lo establece la Ley 717, Ley Creadora de un Fondo para la Compra de Tierras con Equidad de Género, aprobada hace 12 años, luego de numerosas actividades impulsadas por la Coordinadora de Mujeres Rurales.

Ante las demandas planteadas por las mujeres organizadas en la Coordinadora de Mujeres Rurales, el gobierno del Fsln ha guardado silencio y nunca ha explicado por qué aprobó una ley que no estaba dispuesto a cumplir.

La crisis sociopolítica y económica que atraviesa Nicaragua desde abril del 2018, ha profundizado los problemas estructurales que históricamente han afectado a las mujeres rurales y campesinas, provocando pérdidas y más pobreza.

En esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas conversaremos sobre la situación de las campesinas en un contexto de múltiples crisis. Nos acompaña Julia, una socia de una cooperativa de León.