QUIEN SABE HACER EL AMOR CONTROLA SUS CELOS
Managua, diciembre 2015
Por María Teresa Blandón
Cada año y desde hace una década el Programa Feminista La Corriente organiza ciclos de formación con adolescentes y jóvenes de ambos sexos, durante los cuales hablamos de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el análisis de la violencia machista como uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los mismos.
En los grupos de mujeres jóvenes de manera invariable nos enfrentamos a la brutal realidad de la violencia que muchas de ellas han sufrido desde la infancia. Humillaciones de todo tipo, amenazas, golpizas, hostigamiento sexual, violación forman parte de una experiencia traumática que cargan en sus jóvenes cuerpos.
El dolor, el miedo, la impotencia y la rabia se mezclan en esos jóvenes cuerpos que buscan en los espacios de reflexión feminista un punto de apoyo, una explicación que les permita entender-como si esto fuese posible- el porqué de la brutalidad de muchos hombres contra las mujeres; y de los silencios de muchas mujeres frente a estas agresiones perpetradas por padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos, novios, amantes, maridos.
En este relato contado a viva voz, todo ocurre en el silencio, están ellas -las víctimas- y los agresores en medio de familias hostiles, indiferentes, incapaces de reaccionar frente a los agresores; por ningún lado se menciona al estado, las iglesias, los medios de comunicación, las organizaciones comunitarias.
Es como si las jóvenes hubiesen aprendido tempranamente que ser mujer es igual a soportar los abusos de poder perpetrados por hombres que, por razones que no pueden entender, gozan de un sinnúmero de privilegios, que incluyen el permiso de agredir a las mujeres, permiso que empieza en la propia familia y se extiende al conjunto de la sociedad.
Es como si las jóvenes aprendieran desde niñas que sus cuerpos no les pertenecen y que por alguna extraña razón estos cuerpos pueden ser utilizados para el “entrenamiento” y entretenimiento de los machos agresores.
Es como si tempranamente aprendieran estas jóvenes que le deben fidelidad a “la familia” y que ello debe traducirse en el silencio, en el aguante e incluso en el mandato de perdonar a quienes nunca se han arrepentido por las agresiones perpetradas. La familia en nombre de la “unidad” obliga a las víctimas a ofrecer su propio cuerpo como prueba de lealtad, renunciando a cualquier tipo de denuncia y reparación frente al daño provocado por los agresores.
Es como si estas familias en donde se agrede a niñas, adolescentes y jóvenes se asumieran con derecho pleno sobre sus cuerpos y se colocaran por encima de las convenciones éticas y jurídicas que prohíben cualquier forma de violencia contra las mujeres; es decir, como si la ley no aplicara para los hombres que tienen vínculos sanguíneos y/o de afinidad con las niñas y las mujeres a quienes agreden, actuando como si fueran sus dueños.
Es como si el Estado se desvanece cuando de la violencia machista se trata, ocultándola, relativizándola, justificándola. El Estado y la ley actúan honrando a “la familia” en donde reina la autoridad del padre, proclamándola el núcleo fundamental de la sociedad, tal y como lo establece el nuevo código de familia en Nicaragua.
Es como si los líderes religiosos enseñaran a las niñas que ni el poder de dios es suficiente para salvarlas del suplicio de la violencia machista, porque los agresores tienen más poder, tanto que no son reprendidos por la moral religiosa, ni llevados ante la ley para responder por las faltas cometidas, tampoco son excomulgados, ni amenazados con el fuego del infierno como si ocurre con las mujeres que interrumpen un embarazo o que desacatan el mandato de la heterosexualidad.
Sin ley que haga justicia y sancione a los agresores, sin familias que eduquen para la igualdad, sin dios que proteja a las víctimas, es inevitable preguntarnos con quienes cuentan las niñas, adolescentes y jóvenes para sobrevivir frente a las agresiones, para sanarse, para recuperar las ganas de vivir y la confianza en los seres humanos.
Del dolor y del coraje que provoca estas violencias contra las mujeres, es que las organizaciones feministas de Nicaragua hemos sacado fuerzas para acompañar a las víctimas, denunciar a los agresores y demandar al Estado el cumplimiento de sus responsabilidades, si bien somos conscientes de los límites que tal pretensión tiene.
Y como prueba un botón. Por iniciativa de un conjunto de organizaciones de mujeres lideradas por el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, a mediados del año 2012 fue aprobada la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, la cual fue rápidamente reformada y finalmente distorsionada a través de un reglamento que coloca la “unidad familiar” por encima del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Se confabularon en esta trama misógina el actual partido de gobierno, la jerarquía de la iglesia católica, iglesias evangélicas de corte fundamentalista y medios de comunicación, principales artífices de una campaña en contra de la recién aprobada ley y gestores de un reglamento ilegal que sin embargo, constituye el principal soporte del accionar de la Policía Nacional y del poder judicial. Este ilegal artificio ha sido utilizado por el Estado y sus instituciones para encubrir el verdadero impacto que la violencia machista tiene sobre la vida de las mujeres, así como, para ensalzar supuestos valores de unidad y reconciliación.
La deliberada complicidad del Estado con la violencia machista pone en evidencia lo que desde su origen ha venido enunciando el movimiento feminista nicaragüense a saber, que el poder que se ejerce tanto en el espacio público como en el privado, está determinado por unas lógicas que construyen y reproducen las masculinidad como poder de dominio sobre las mujeres y la feminidad como inferioridad y sometimiento de las mujeres. Más allá de las diferencias de clase, etarias o étnico racionales, todas las mujeres estamos expuestas a sufrir en carne propia alguna tipo de agresión por parte de hombres.
La complicidad que amplios sectores de la sociedad nicaragüense y el Estado tienen con la violencia machista devela los límites estrechos de las convenciones internacionales para prevenirla y sancionarla; seguir denunciando y demandando, a la vez que aprendemos nuevas formas de defensa frente a las agresiones y los agresores, continúan siendo parte de los desafíos de todas las mujeres.
Las feministas de nuestro país y de los otros países de Centroamérica y América Latina no hemos escatimado esfuerzos para enfrentar todas las violencias que sufren las mujeres a manos de hombres, a través de campañas de sensibilización, encuentros de reflexión, movilizaciones públicas, elaboración de iniciativas de ley, instalación de albergues para mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, acompañamiento legal y psicológico a las víctimas, capacitación a funcionarios de las instituciones públicas, documentación de la prevalencia de la violencia entre otras iniciativas, pero seguimos bastante solas en este empeño.
Frente a la persistencia de la violencia machista, sexista, misógina y racista, cada vez resulta más evidente la necesidad y la urgencia de cuestionar todo ejercicio poder que reproduzca masculinidades basadas en la prepotencia, en la arrogancia, en la falta de autoconsciencia, en la falta de empatía y el arribismo de los agresores que actúan tanto en el plano individual como desde los lugares del poder público, arropados con la complicidad de la ley que sostiene el poder patriarcal.