13/11/2020
Como parte de su escalada represiva y en medio de la pandemia del Covid19 y de los graves impactos del Huracán Eta, el régimen Ortegamurillo avanza en la aprobación de un combo de leyes que empezó con la Ley de regulación de agentes extranjeros y continua con la llamada “Ley mordaza” la cual fue precedida por la aprobación de una “Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, vía decreto presidencial.
Así mismo, fue dictaminado una nueva ley para establecer cárcel de por vida o cadena perpetua, la cual requerirá de una reforma a la Constitución prevista para inicios del año 2021.
La Ley especial de ciberdelitos fue aprobada el pasado 15 de octubre por una Asamblea Nacional controlada por la bancada del Fsln. Tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos “por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”.
El artículo 30 de esta ley recién aprobada, establece que las publicaciones que perjudiquen el honor, el prestigio o reputación de una persona, supondrán una pena de entre uno a tres años de prisión, además, una multa de entre 150 y 300 días de salario. También establece que “si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada incita al odio o la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana” se impondrá una pena de entre 3 a 5 años de prisión y una multa de entre 500 a 800 días de salario.
Ericka Guevara Rosas, Directora para Las Américas de Amnistía Internacional, manifestó que “la aprobación de esta nueva ley vuelve a confirmar que el gobierno de Daniel Ortega no está dispuesto a detener la represión y mucho menos a respetar los derechos humanos de la población”, por lo que hacen un llamado a la comunidad internacional a condenar esta conducta estatal.
En esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas conversamos con Nino, defensora de derechos humanos y asesora en seguridad digital y Álvaro Navarro, periodista y director de Artículo 66, sobre el impacto que la Ley de Ciberdelitos pueda tener sobre la prensa independiente y las redes sociales en medio de una profunda crisis socioeconómica, sanitaria, ambiental y política y en pleno año electoral.