ABORTAR ES UN DERECHO HUMANO 

En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, en esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas hablamos sobre la situación del aborto en nuestro país, sus dilemas éticos, médicos y jurídicos.

Para profundizar en el tema desde una mirada científica, nos acompañó en cabina la doctora Ana María Pizarro, fundadora de Servicios Integrales para la Mujer (SI Mujer), especialista en temas asociados a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

El aborto desde una mirada médica

Desde la perspectiva médica, la doctora Pizarro explicó que aborto es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o antes que el producto pese 500 gramos.

Puede ser espontáneo o inducido, este último puede ocurrir cuando es legal y protegido por las leyes de un país o cuando está prohibido pero sigue haciéndose y afecta a las mujeres más pobres, es decir, es un aborto clandestino que se realiza generalmente en un ambiente insalubre, que expone a riesgos severos a las mujeres siendo las más pobres las más afectadas.

Un asunto de justicia social

Pizarro es enfática en señalar que las mujeres que tienen menos recursos económicos son las que se ven más perjudicadas con marcos jurídicos que criminalizan el derecho del aborto, porque aquellas mujeres con más posibilidades económicas pueden recurrir a otros métodos que pueden ser costosos, sin embargo, las más pobres no tienen otro camino que arriesgarse en la clandestinidad.

La médica y activista feminista Ana María Pizarro

Marcos jurídicos restrictivos

La doctora señala que la mayoría de países en el mundo reconocen el derecho de las mujeres a abortar bajo ciertas causales, no obstante, Pizarro lamenta que las mujeres de Centroamérica enfrentan legislaciones atrasadas, como lo es el caso de El Salvador, Honduras y Nicaragua donde el aborto está criminalizado y se suma a esta lista República Dominicana.

Pizarro señala que el nuevo Código Penal de Nicaragua eliminó hace una década la figura de aborto terapéutico y con ello también se elimina la posibilidad que desde el sistema de salud los médicos puedan tomar una decisión a favor de la vida de las mujeres que necesiten una interrupción de su embarazo.

Con la penalización total del aborto el Poder Legislativo ignoró a la sociedad científica pero sí escuchó a las iglesias y organizaciones religiosas, católicas y evangélicas lo que para Pizarro es “muestra de un autoritarismo que actúa bajo los poderes religiosos sobre el mandato de la constitución”.

Falta educación

La doctora Pizarro rescata que para ir transformando imaginarios que se oponen al derecho de las mujeres a abortar, hace falta educación desde el sector formal y dentro de la familia.

Aclara que cuando se habla de derecho a decidir no debe ser necesario que exista una lista de causales puesto que no se debe pedir permiso a terceros que decidan por la vida de las mujeres, como ocurre en muchos marcos jurídicos y añade que las feministas seguirán exigiendo con la esperanza que se reconozca el derecho a un aborto legal, libre y seguro, donde a las mujeres se les respete su capacidad de autonomía.