Las nicaragüenses al igual que las mujeres de otros lugares del mundo hemos tenido que trabajar muy duro para que la sociedad y el Estado reconozcan las injusticias que a lo largo de la historia se han cometido en contra de las mujeres.
El derecho al voto, el acceso a los anticonceptivos, el acceso a la educación pública y gratuita, el derecho a la tierra, la participación en cargos de elección popular, todas son conquistas -si bien desiguales e inestables-, que las mujeres le hemos arrancado a los poderes patriarcales.
La historia de Doña Josefa Toledo, la primera feminista nicaragüense, da cuenta de los costos que hemos tenido que pagar las mujeres que en el pasado y en la actualidad nos hemos atrevido a desafiar los mandatos opresivos que se oponen a nuestras legítimas aspiraciones.
El movimiento de mujeres de Nicaragua durante más de 40 años de historia ha rescatado del anonimato las rebeldías milenarias de las mujeres, ha contribuido a generar una nueva conciencia de derechos, ha denunciado la violación a nuestros derechos y exigido cambios a favor de una verdadera igualdad entre mujeres y hombres.
Las feministas nicaragüenses celebramos este día Internacional de las Mujeres en un país que enfrenta múltiples desafíos entre los que destacan el empobrecimiento y la desarticulación de los escasos avances democráticos alcanzados en las últimas décadas.
La Asamblea Nacional controlada por la bancada sandinista acaba de aprobar un Código de familia cargado de prejuicios sexistas y que reduce al máximo la responsabilidad del Estado en la satisfacción de las necesidades básicas de miles de familias que viven en condiciones de pobreza.
En un país donde el 46% de las familias son extendidas y el 36% son monomarentales, este Código intenta imponer un modelo de familia alejado de la realidad. Tan grave como esto, es la violación a los derechos de niñas y adolescentes a quienes el Código obliga a ser madres contra su voluntad, legitimando el embarazo como consecuencia del abuso sexual.
El Código también viola derechos civiles a homosexuales, lesbianas y personas trans, al negarles su derecho a constituir familias que gocen de la protección del Estado.
El Código incluye la creación de los Gabinetes de Familia, Salud y Vida encargados de promover valores “socialistas, cristianos y solidarios”, en abierta violación a la Constitución Política de la República que reconoce la libertad de conciencia y de organización. También viola la ley de participación ciudadana, imponiendo una única forma de participación controlada por el partido de gobierno.
Debemos recordar que el Estado de Nicaragua desde la revolución liberal del siglo 1893,no tiene religión oficial. Ya en 1980 el mismo FSLN declaró públicamente su respeto al carácter laico del Estado argumentado que: El Estado revolucionario, como todo Estado moderno, es un Estado laico y no puede adoptar ninguna religión pues es el representante de todo el pueblo, tanto de los creyentes como de los no creyentes».
Las y los diputados que invocando sus personales creencias religiosas penalizaron el aborto que ha llevado a la muerte a decenas de mujeres que viven en condiciones de pobreza, son responsables directos de la violación al carácter laico del Estado que establece la Constitución.
El traslado de dinero público para proyectos privados que llevan a cabo iglesias católicas y evangélicas, así como, la realización de celebraciones religiosas por parte de las instituciones del Estado, también forma parte de la violación sistemática al Estado laico.
Las mujeres queremos y tenemos derecho a participar en el ámbito público. Esa fue una de las principales demandas por las cuales nos sumamos a la lucha por el derrocamiento de la dictadura somocista durante la década de los 70. Pero no queremos que el gobierno controle las formas de participación, ni imponga los temas que las mujeres queremos colocar en el debate público. Eso mismo le reclamamos en la década de los 80.
La verdadera participación ciudadana debe respetar la autonomía de los movimientos sociales reconociendo su derecho a incidir en la formulación de las políticas públicas. La verdadera participación requiere de un Estado respetuoso de la libertad de expresión y de organización.
El movimiento de mujeres es un movimiento social autónomo y no depende ni del gobierno, ni de los partidos políticos, ni de las iglesias. Nuestro único compromiso es la defensa de los derechos de las mujeres.
Por ello rechazamos la imposición de los gabinetes de familia, salud y vida o que el gobierno está imponiendo por ley, porque son una clara violación a los derechos establecidos en la Constitución Política.
Las mujeres y particularmente las que viven en condiciones de pobreza,históricamente han tenido que cargar no solo con el peso del trabajo doméstico no remunerado o mal remunerado, sino con las consecuencias de políticas públicas que les niegan derechos sociales, económicos y políticos. La situación de pobreza en que viven miles de mujeres en general y de la Costa Atlántica en particular, desdice la retorica socialista y solidaria del gobierno.
Los salarios mínimos que el gobierno negocia con la empresa privada, contando con el aval de los sindicatos oficialistas, están muy por debajo de las necesidades básicas de miles de familias que viven en condiciones de pobreza.
La nueva Ley de Concertación Tributaria, negociada entre el gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada, y aprobada por la Asamblea Nacional, tiene un severo impacto en miles de mujeres que a duras penas logran generar limitados ingresos para asegurar su propia sobrevivencia y la de las personas que de ellas dependen.
La reforma a la seguridad social que el gobierno está negociando con los empresarios privados plantea un incremento desmedido del número de pensiones que deben pagar las personas aseguradas y el número de años para jubilarse. Esto constituye una grave violación a los derechos de las personas en edad de trabajar y en particular de las mujeres, sobre quienes recae el peso del trabajo de cuidados.
El bono productivo como uno de los programas emblemáticos del gobierno representa un apoyo necesario a las familias rurales que viven en condiciones de pobreza, pero de ninguna manera es una solución suficiente y sostenible para reducir los altos niveles de empobrecimiento en la población campesina.
El gobierno prometió la entrega de 175,000 bonos pero en seis años apenas se han cercado al 50% de esa meta. Además de la deficiencia en la calidad del bono y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, muchas mujeres campesinas se quejan de utilización del bono con fines electorales.
La violencia machista continúa siendo uno de los problemas más graves que afectan dramáticamente a miles de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes. Las mujeres continuamos expuestas a sufrir cualquier clase de agresión de manos de hombres conocidos y desconocidos e incluso de funcionarios públicos.
El Estado tiene una responsabilidad principal para prevenir y sancionar todas las formas de violencia que se cometen en contra de las mujeres tal y como se establece en la Ley 779 aprobada por la Asamblea Nacional en el 2012, como respuesta a las demandas y propuestas presentadas por el movimiento de mujeres y organizaciones feministas.
En el primer semestre del 2012 más del 80% por ciento de denuncias interpuestas por mujeres antes las Comisarías de la mujer de la Policía Nacional fueron desestimadas. La mayoría de los 85 femicidios cometidos en el 2012,se han quedado en la impunidad como consecuencia de la corrupción y del tráfico de influencia que predomina en el poder judicial.
La explotación sexual comercial, la trata y el turismo con fines sexuales afectan de manera dramática a miles de niñas y adolescentes en diferentes regiones del país. Más allá de la tipificación de tales delitos en el nuevo Código Penal como respuesta a las demandas de organizaciones que trabajan con la niñez, no existe una estrategia nacional que permita un abordaje integral de esta problemática.
El sistema público de salud no ha respondido a las necesidades más urgentes que enfrenta la población nicaragüense. La incidencia del cáncer cérvico-uterino y de mamas, el SIDA, otras infecciones como el VPH, tienen una fuerte incidencia en las mujeres en edad reproductiva. Las limitadas acciones de prevención, la falta de equipos médicos e incluso la mala práctica médica forman parte del problema, que ha cobrado decenas de vidas de mujeres que viven en condiciones de pobreza.
La legitimación del embarazo y la maternidad forzada como consecuencia del abuso sexual y la violación es una de las más grave violaciones a los derechos de las niñas, adolescentes y jóvenes en general cometidas por el gobierno.
Este 8 de marzo como todos los años, las organizaciones de mujeres, las feministas, nos volvemos a encontrar para celebrar nuestras vidas y nuestras luchas; para reafirmar el valor de la solidaridad entre mujeres; para recuperar el derecho a la palabra y denunciar todos los abusos de poder; para reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una sociedad verdaderamente democrática.
Las feministas nicaragüenses somos ciudadanas activas que defendemos nuestro derecho a la libertad y denunciamos todos los abusos de poder.
¡Resistencia y decisión para defender nuestros derechos!
¡Viva el Día Internacional de las mujeres!
.