02/10/2020

En 1990 organizaciones y redes feministas de América Latina y el Caribe eligieron el 28 de septiembre como Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, con el fin de demandar a los Estados la eliminación de sanciones punitivas en contra de las mujeres que por diferentes razones se practican un aborto.

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el ocho por ciento de las muertes de mujeres en el mundo se deben a abortos inseguros. En Nicaragua sabemos que el aborto realizado en condiciones de riesgo figura entre las causas de muertes maternas, si bien el ministerio de salud ha escondido el impacto que la penalización tienen sobre la vida de las mujeres, particularmente de las pobres.

En el 2007 Nicaragua pasó a ser uno de los seis países de América Latina y el Caribe que penalizan el aborto sin excepciones.  A pesar de la intensa movilización de diversos actores de la sociedad civil incluyendo la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, la Facultad de Medicina de las universidades nacionales de León y de Managua, la Asociación de Enfermeros/as de Nicaragua, la asamblea nacional en un amplio consenso entre sandinistas y liberales, establecieron penas hasta de 8 años a las mujeres que se practiquen un aborto y personal médico que practique el procedimiento.

Desde la penalización hasta nuestros días, se han interpuesto 72 recursos por inconstitucionalidad sin recibir ningún tipo de respuesta por parte del régimen Ortega-Murillo quien por la boca del magistrado de la Corte Suprema de Justicia reconoció que la penalización responde a un acuerdo con la conferencia episcopal.

En esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas nos acompañaron Mayte Ochoa y María Teresa Blandón, quienes compartieron sus reflexiones sobre la situación del aborto en nuestro país.