Los Movimientos, redes, colectivos de mujeres / feministas y mujeres en general conmemoramos este 25 de noviembre “Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres” haciendo un balance sobre los avances y retrocesos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
La violencia machista en todas sus expresiones, afecta a las mujeres que la padecen, en todos los ámbitos de sus vidas y constituye una violación a sus derechos humanos. En el nivel extremo de estas violencias machistas, está el femicidio que ha cobrado la muerte de más de 400 mujeres en los últimos años, de las cuales 69 fueron asesinadas en el presente año.
La violencia hacia las mujeres como problema histórico, se recrudece en aquellas sociedades en donde predominan prejuicios y patrones de comportamiento que colocan a los hombres como grupo dominante y a las mujeres en un lugar subordinado.
La indiferencia, la falta de intervención efectiva por parte del Estado de Nicaragua y el debilitamiento de la institucionalidad democrática, forman parte de las causas estructurales de la violencia machista, limitando el acceso de las mujeres a la justicia y fomentando la impunidad. En nuestro país la mayoría de agresores están libres, reciben sanciones menores o son privilegiados mediantes sentencias al margen de la ley y los procedimientos.
El Estado de Nicaragua continúa siendo cómplice de la violencia contra las mujeres por múltiples razones, entre las cuales destacamos:
- La persistencia de una cultura machista dentro de las propias estructuras del Estado y del partido en el gobierno.
- El histórico y vigente pacto político entre el Estado y las jerarquías religiosas, para sostener la dominación masculina sobre las mujeres.
- La falta de reconocimiento por parte del Estado, del derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas; y el propósito deliberado de volvernos a colocar en el lugar del sometimiento y del no-poder.
- Una ideología oficial conservadora que despoja a las mujeres de sus derechos individuales y les exige sacrificios personales en nombre de una falsa unidad familiar. Tal es el sentido de las reformas constitucionales en proceso de discusión en la Asamblea Nacional, que legaliza a los gabinetes de familia-controlados por hombres- como los únicos mecanismos de participación ciudadana. A su vez estas reformas contradicen la laicidad del Estado, principio básico para que se respeten los derechos de las mujeres.
Producto de más de 30 años de luchas feministas, fue aprobada la Ley 779 para penalizar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, la cual constituye un valioso instrumento legal para lograr el acceso de las mujeres a la justicia, sancionar a los agresores y erradicar la impunidad; si bien hace falta resolver los problemas de voluntad política, capacitación y asignación de recursos para su efectiva aplicación.
Las organizaciones de mujeres durante los últimos meses hemos denunciado a nivel nacional e internacional la falta de responsabilidad y coherencia por parte del Estado nicaragüense, quien a menos de un año de aprobada la Ley 779, la reformó para permitir la mediación en delitos de violencia, evadir la responsabilidad de la creación de los juzgados especializados e incluir el delito de violencia intrafamiliar, ocasionando un retroceso en el ámbito de aplicación de la ley y desnaturalizando el sentido de especialización de la misma como instrumento legal para la protección de los derechos de las mujeres, lo cual obstaculiza su objetivo estratégico de impulsar cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder.
El Estado de Nicaragua limita el acceso de las mujeres a la justicia no solo en el ámbito nacional, sino en el internacional, negándose de manera recurrente a firmar el Protocolo Facultativo de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW).
Este 25 de noviembre las defensoras de los derechos humanos de las mujeres denunciamos públicamente al Estado de Nicaragua, por ser cómplices de la violencia contra las mujeres y principales promotores de la impunidad.
Exigimos el cumplimiento de la Ley 779 y el respeto de nuestros derechos constitucionales, así como al conjunto de acuerdos, tratados y convenciones internacionales que reconocen el derecho de todas las mujeres a vivir libres de toda violencia.
Hacemos un llamado a la población en general a denunciar y rechazar el modelo autoritario impuesto que tanto daño ocasiona a la familia, a la sociedad y al país en su conjunto, provocando más violencia que afecta en su mayoría a las mujeres.
Hacemos un llamado a las mujeres a no dejarse intimidar por los perpetradores de la violencia, a romper el silencio, exigir y defender el derecho que tenemos de vivir libres de violencia.
Managua, 25 de noviembre 2013.
Dia Internacional contra la violencia hacia las mujeres
