Este ocho de marzo, conmemoramos el Día internacional de las Mujeres. Las nicaragüenses todas celebramos y nos reafirmamos como sujetas de derecho, gracias a que a lo largo de la historia, miles de mujeres se rebelaron contra los mandatos patriarcales y defendieron nuestros derechos.
Hoy podemos demandar como ciudadanas el derecho a educación, a organizarnos, a elegir y ser electas, a expresarnos y a decidir en libertad, a tener una vida digna, a la vivienda, a la salud gratuita y de calidad, a la tierra, a tener bienes a nuestro nombre, a conformar familias. Hoy sabemos que tenemos el derecho a defender derechos.
Pero tenemos sobradas razones para estar indignadas:
- El claro retroceso que sufren los derechos de las mujeres en nuestro país. La descalificación que el Estado hace de las demandas legítimas del movimiento de mujeres y feminista. La represión y amenaza a las defensoras que acompañan a las víctimas de las diferentes formas de violencia. Las amenazas y el asesinato de defensoras de derechos como Berta Cáceres, asesinada por oponerse a las empresas transnacionales que usurpan nuestros medios de vida.
- Que las mujeres mueran a consecuencia de la penalización total del aborto. Que el Estado encubra los miles de casos de niñas y adolescentes embarazadas producto de la violación. Que el Estado ignore su responsabilidad de brindar educación sexual científica y laica para que hombres y mujeres puedan elegir como quieren vivir su sexualidad.
- Que desde el año 2012 a la fecha, 303 mujeres hayan muerto a consecuencia de la violencia patriarcal y más de cien mujeres hayan estado a punto de morir, y que la mitad de los agresores estén prófugos. Que ocho de cada diez agresiones sexuales se cometan contra niñas y adolescentes, aunque los registros oficiales encubran y minimicen la gravedad de esta pandemia.
- El cierre de las Comisarías de la Mujer y la Niñez que representan una conquista del movimiento de mujeres de este país. La violación por parte del Estado de las Ley 779 primero con la aprobación de un reglamento ilegal y ahora con la aprobación de un instructivo del poder judicial que contradice abiertamente el contenido de la Ley.
- La venta de nuestro territorio para beneficio de empresarios asociados con las élites gubernamentales. El extractivismo que avasalla los bienes comunes de nuestra sociedad y los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
- La cultura machista y capitalista que ve en los cuerpos de las mujeres un medio para incrementar el poderío de los grupos económicos y políticos, negándoles su derecho a la autodeterminación.
- La falta de acceso a la información pública que nos permita evaluar la acción del Estado en la promoción de servicios de salud y educación, prevención de la violencia, reducción de la pobreza, entre otros indicadores relevantes para el disfrute efectivo de nuestros derechos.
- La situación de pobreza y discriminación en que viven los pueblos indígenas y la falta de respuesta al conflicto por la tierra; la falta de políticas agrarias para las mujeres rurales, empezando por el incumplimiento de la Ley 717 que establece la creación de un fondo para la compra de tierras. La discriminación sistemática que enfrentan las lesbianas y mujeres transgéneras, a quienes se les niega el derecho a una identidad libremente elegida y se les excluye del conjunto de leyes, colocándolas fuera de los límites de la ciudadanía.
Convertimos nuestra indignación en demandas:
Demandamos un país donde se respete el derecho a defender derechos. Tenemos derecho a denunciar las injusticias, movilizarnos en el espacio público sin represión ni violencia, expresarnos libremente respecto de todos los asuntos públicos que son de nuestro interés como ciudadanas.
Demandamos un país donde las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestras opciones reproductivas, nuestras vidas. Donde las mujeres no seamos utilizadas para incrementar el poder de otros.
Un país que respete la soberanía nacional y de los territorios. Con un enfoque de desarrollo basado en la conservación del medio ambiente y la protección de la naturaleza.
Demandamos que el Estado cumpla su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencias, mediante la efectiva aplicación de la Ley 779. Exigimos la derogación del reglamento ilegal y del recién aprobado instructivo por el poder judicial.
Que el Estado cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública, como condición necesaria para lograr una gestión pública transparente y el efectivo combate a la corrupción.
Demandamos elecciones transparentes que aseguren el respeto del electorado en la elección de las autoridades que estarán al frente del poder ejecutivo y legislativo.
Celebramos nuestras rebeldías y transgresiones.
¡Exigimos derechos!
Todas somos Berta. Si nos tocan a una, nos tocan a todas
Managua, ocho de marzo de 2016.