Hace 11 años el Estado de Nicaragua pasó a ser uno de los siete países de América Latina que prohibieron el derecho al aborto sin excepciones. Los diputados de la Asamblea Nacional no escucharon las advertencias realizadas por asociaciones médicas como la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, la Facultad de Medicina de las universidades nacionales de León y de Managua, la Asociación de Enfermeros/as de Nicaragua y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La penalización absoluta del aborto en Nicaragua constituye una máxima expresión de violencia institucional y simbólica que refleja el control sobre los cuerpos de las mujeres. Evidencia la misoginia imperante en funcionarios públicos y la ausencia total de valores laicos, en un país que constitucionalmente “no tiene religión oficial”. Han sido feministas quienes han encarado los abusos de poder que oprimen las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres, sin embargo el Estado permanece ciego, sordo y mudo mientras niñas, adolescentes y jóvenes, mayormente, sufren las consecuencias.
Haciendo eco a la demanda de un aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres y en el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, en esta edición de cuerpos sin-vergüenzas hablamos con dos activistas feministas: Mayte Ochoa y Bertha Massiel Sánchez, quienes compartieron reflexiones sobre la situación del aborto en nuestro país.
Consecuencias de la criminalización del aborto
Bertha Massiel expresó que desde el Estado y las Iglesias existe una manipulación discursiva en torno al aborto y es esta perversa alianza lo que mantiene a Nicaragua entre los pocos países que penalizan el aborto en todas sus formas.
Bertha Sánchez
Mayte afirma que esta unión entre Estado e Iglesias se evidencia en la actualidad con el silencio cómplice de las Iglesias frente a problemáticas sociales y políticas que están afectando al país. Un silencio a costa del peligro en la salud y la vida de las mujeres.
Ambas afirman que ante este contexto, las feministas han mantenido una lucha inclaudicable, denunciando dentro y fuera del país, las consecuencias crueles de la criminalización del aborto. Arguyen que son las mujeres más pobres y que dependen del sistema de salud pública, quienes sufren más los efectos de estas políticas machistas.
Mayte Ochoa
Mayte detalló que de acuerdo a información del Instituto de Medicina Legal (IML), niñas y adolescentes con edades entre 10 y 15 años son quienes encabezan peritajes del delito de abuso sexual y que ante la prohibición del aborto, se ven expuestas a maternidades forzadas.
Bertha Massiel y Mayte consideran fundamental desmantelar ideas erróneas sobre el aborto, por ejemplo, tener claro que la despenalización no va a obligar a nadie a abortar si no lo desea hacer, más bien, va a permitir la posibilidad a las mujeres que lo necesiten y decidan practicárselo.
Las activistas feministas responsabilizan al Estado de la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres e instan a continuar resistiendo, denunciando y debatiendo todos los días.
Les invitamos a escuchar la edición completa y conocer más sobre los debates que se están abriendo en Nicaragua respecto al aborto en términos éticos, médicos y jurídicos, asimismo, qué recomiendan las invitadas a la audiencia para ampliar miradas respecto al reconocimiento del aborto como un derecho humano universal de todas las mujeres.
