La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de las mujeres en el mundo. De esta manera, exhorta que los gobiernos tienen que tomar medidas urgentes para prevenir este flagelo y afrontar los factores sociales y culturales que lo provocan.

En Nicaragua, la violencia  contra las mujeres forma parte de los problemas estructurales más profundos que se ha agudizado en el contexto de crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

El desmantelamiento de las Comisarías de la Mujer, las reformas arbitrarias a la Ley 779, la  falta de recursos y acciones emergentes para prevenir y sancionar la violencia, la cultura de impunidad, la reducción de condenas o liberación de agresores, femicidas y violadores bajo una política de medidas de convivencia familiar, han demostrado que el Estado sostiene,  estimula y reproduce la violencia machista.

A esta lista de factores que han profundizado la violencia, se suma la eliminación arbitraria de las personerías jurídicas de cientos de ONG dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres. 

El observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir y Voces de Nicaragua reportaron 68 femicidios al cierre del año 2022 y 220 mujeres fueron víctimas de femicidios frustrados. 11 de las mujeres asesinadas eran menores de edad; 25 eran mujeres adultas, entre 30 y 60 años; 20 eran jóvenes entre 18 y 30 años; 3 eran de la tercera edad, mayores de 61 años; y 3 mujeres de edad no identificadas. La zona geográfica con mayor incidencia continúa siendo la Costa Caribe, con 21 femicidios; seguido de Managua con 14 casos y 9 en la zona Norte.

En esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas continuamos haciendo un llamado urgente para la prevención y erradicación de la violencia machista y lanzamos un S.O.S por la vida de las mujeres. Para profundizar en el estado de esta pandemia en Nicaragua, nos acompaña Flor de Luna, integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia.