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Migrar es unas de las decisiones más difíciles que toman las mujeres, irse es sinónimo de dejar a sus hijas e hijos, a las familias completas e incluso todo lo conocido por cada una por encontrar fuera de su país una vida mejor que ayude a mejorar la situación económica de todos sus dependientes.

Como en todo proceso, las renuncias que se ven obligadas a hacer están en torno al propio bienestar, entre ello su atención a salud en general y en particular al cuidado de su salud sexual y reproductiva. Algunos de los relatos de las mujeres migrantes que de forma irregular deciden migrar a Estados Unidos, se encuentra el temor de ser violadas en el camino y como consecuencia – además del trauma emocional – es quedar embarazadas y no saber sobrellevarlo en un país totalmente desconocido.

Estados Unidos es uno de los países que toman como primera opción para llegar pues se ha planteado como “el sueño americano” para poder vivir y sobrellevar los problemas económicos con los que llegan. Sin embargo, nadie les cuenta que las garantías de derechos son mínimas una vez estas dentro, la atención en educación y salud es un negocio crudo que particularmente las mujeres migrantes no pueden acceder mientras están en el proceso de regularización migratoria y tampoco es garantía una vez pasan este proceso porque es uno de los derechos más “caros” económicamente hablando.

La salud sexual y reproductiva en países como Nicaragua, nunca ha sido prioridad para los gobiernos en turno y no es tan diferentes en otros grandes países. Las mujeres no pueden tener acceso a medicamentos preconceptivos, a realización de Papanicolau para un chequeo anual y mucho menos a controles prenatales si con antelación no has comprado un seguro que le de cobertura a estas necesidades. Existen organizaciones que intentan subsanar estas necesidades, pero ante la alta demanda existente no pueden darle apoyo a las mujeres migrantes que conocen o logran acceder a estos servicios. En este podcast conversaremos sobre la necesidad de atención que tienen las mujeres migrantes en salud sexual y reproductiva y como le hacen frente a estas necesidades en un país desconocido.

El pasado martes 15 de agosto el régimen Ortega-Murillo ordenó la confiscación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA) acusándola nada más y nada menos de “terrorismo”.

La universidad jesuita con más de 60 años de existencia, era de lejos, la mejor universidad de Nicaragua tanto por los valores humanistas que encarnaba, como por la calidad de su oferta académica.

Junto a las 26 universidades confiscadas durante los últimos dos años, el cierre de la UCA completa la estrategia de acabar con la autonomía universitaria y el pensamiento crítico. Es también un acto de venganza en contra de comunidades educativas que han sostenido una postura crítica y de denuncia frente a la violación sistemática de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

La indignación y el desconcierto que ha provocado la confiscación de la UCA en la sociedad nicaragüense y particularmente en el estudiantado, es enorme. Quienes tenían ciertas posibilidades se matricularon en la Universidad Autónoma de Managua, en donde el ejército es socio mayoritario, pero el régimen acaba de prohibir tal posibilidad.

En este podcast conversaremos con estudiantes para conocer el impacto que ha generado la confiscación de las universidades y particularmente de la Universidad Centroamericana.

¿El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya se arrepintió de perseguir a la iglesia católica y ahora hasta coopera con la realización de las festividades de Santo Domingo? ¡Qué raro! Si desde el 2018 se han encargado de prohibir actividades religiosas, incluso las propias de la semana santa.

El primero de agosto se celebra la bajada de Santo Domingo, festividad que año con año reune a miles de pobladores de la capital. Este año dicha celebración contó con el permiso de los operadores del régimen Ortega Murillo en la alcaldía de Managua, si bien, la misma estuvo repleta de antimotines.

En realidad, no se trató de un acto de buena voluntad o de rectificación de su errática política represiva, sino del interés de aprovechar dicha celebración para hacer proselitismo político. Por eso vino durante el recorrido de “Minguito”, a simpatizantes del régimen portando banderas rojinegras y carteles alusivos al Fsln.

En este podcast conversaremos sobre el uso de las tradiciones religiosas para la realización de proselitismo político y el impacto que dicha práctica tiene en la población nicaragüense que se declara católica.

Como en todo el mundo, en Nicaragua las feministas y defensoras de derechos humanos tienen una clara apuesta por erradicar la violencia en el país y en la vida de las mujeres.

Desde la década de los 80 las feministas nicaragüenses promovieron encuentros entre mujeres para reflexionar sobre la violencia que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas, incluso desde la infancia. Una violencia que, a fuerza de ser naturalizada, ocultada y silenciada, cuesta mucho reconocerla.

Mediante el diálogo reflexivo y respetuoso con mujeres de las más diversas edades, condiciones socioeconómicas y procedencias, las feministas hemos logrado construir un relato que en la actualidad permite entender la gravedad de la violencia machista. Esta constituye una de los principales obstáculos para lograr la tan proclamada igualdad.

Durante más de 5 décadas los colectivos y redes integrados por mujeres, hemos documentado y denunciado la gravedad de la violencia que sufren las mujeres y las niñas por razones de género; también hemos acompañado a las víctimas en aquellos casos que recurren al estado para obtener justicia, pero también para superar los traumas que deja la violencia.

Se trata de una labor sistemática de acompañamiento a las víctimas, de castigo proporcionado para los agresores y de sensibilización al conjunto de la sociedad para desmontar discursos que promueven una masculinidad violenta y peligrosa y el sometimiento de las mujeres como dos caras de la misma moneda.

En este podcast conversaremos con dos feministas nicaragüenses acerca de los desafíos que enfrentan para continuar defendiendo el derecho de todas las mujeres a vivir libre de violencia.

La mayoría de países centroamericanos comparten una larga historia de violencia. La emergencia de dictaduras y regímenes autoritarios, las guerras civiles que cobraron miles de vidas, la ausencia de una cultura democrática que ensancha cada vez la brecha entre derechos formales y derechos efectivos, constituyen un círculo vicioso que nos mantienen en un eterno estado de crisis.

Las mujeres centroamericanas no hemos sido ajenas a estas crisis, tanto como víctimas de conflictos armados, como defensoras de los derechos humanos, de la justicia y de la paz. Los primeros colectivos feministas surgidos durante la década de los 70, tenían como objetivo principal denunciar las violaciones de derechos humanos perpetrados por los dictadores de turno y demandar el cese de la represión.

Durante la década de los 80 y primera parte de los 90, estos colectivos feministas dieron valiosos aportes a la construcción de acuerdos de pacificación que al menos en términos formales representaron una esperanza de sentar las bases para la pacificación y democratización de nuestras sociedades.

Sin embargo, nos encontramos en un escenario de retorno de gobiernos autoritarios que no vacilan en recurrir a la supresión de derechos y libertades para perpetuarse en el poder, incluyendo el uso del estado para favorecer los intereses de las élites económicas y militares.

En Nicaragua, la instalación de una nueva dictadura protagonizada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, nos ha regresado a los tiempos del somocismo. Asesinatos, torturas, cierre toral del espacio cívico, persecución y exilio forzado vuelven a ensombrecer el presente de nuestro país.

En este podcast conversamos con dos feministas nicaragüenses de distintas generaciones sobre los aportes de un movimiento que a lo largo de cinco décadas ha demostrado no solo una enorme capacidad de resistencia en contextos adversos como en la actualidad, sino, una vocación unitaria en la defensa de la democracia.