21/08/2020

El artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua establece que las y los nicaragüenses tienen derecho a entrar y salir libremente del país. Por otro lado, el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Nicaragua es firmante, reconoce que “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”.

Aunque el derecho de circulación y de residencia es reconocido por el marco legal vigente y por tratados internacionales de derechos humanos, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el régimen Ortega-Murillo ha negado la entrada a más de 500 nicaragüenses desde que la pandemia del Covid19 fue decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), obligándoles a permanecer en otros países, afirmando que las restricciones obedecen a un “modelo ordenado y seguro en estos tiempos de pandemia”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH y la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han expresado su preocupación por la situación de las y los migrantes nicaragüenses que quieren retornar a su país en condiciones seguras.

El caso más reciente de violación a los derechos humanos de nicaragüenses en el exterior, es el de más de 300 nicas varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, quienes buscaban regresar al país al quedar sin empleo en medio de la pandemia. El régimen Ortega-Murillo desplegó gran cantidad de antimotines para evitar su entrada y exigió una prueba negativa de Covid19, obligándoles durante más de dos semanas, a permanecer en la frontera en condiciones precarias.

Solo unas semanas antes, más de 300 nicaragüenses provenientes de Panamá, pasaron por la misma odisea para poder retornar al país. Estos hechos contrastan con el discurso de “fronteras abiertas” que ha mantenido el gobierno del Fsln a pesar de la crisis sanitaria, lo que ha convertido a Nicaragua en el único país que no implementó las medidas recomendadas por la OMS.

En esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas conversamos con Wendy Quintero del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ y Gabriela Cruz Sánchez, de la Colectiva “Las Malinches”, sobre la situación de la población migrante, la violación a sus derechos humanos y el papel de los organismos de derechos humanos para acelerar la solución a la crisis de la población que se ha visto obligada a migrar.