17/01/2020
Las crisis políticas inevitablemente tienen implicaciones negativas en el funcionamiento de la economía. Aunque el régimen Ortegamurillo pretenda ocultar la información macro y microeconómica, existen suficientes evidencias que permiten afirmar que todos los indicadores de pobreza se han incrementado a partir de la crisis que estalló en abril, como consecuencia de la violencia desatada por el propio Estado en contra de la población nicaragüense.
En plena crisis y con el objetivo de captar impuestos a toda costa para tratar de parchar el déficit fiscal, el régimen Ortegamurillo aplicó una reforma tributaria que ha tenido un duro golpe sobre la pequeña y mediana producción. Decenas de empresas de todo tipo han cerrado o reducido al mínimo sus operaciones.
De acuerdo con el informe de FUNIDES, se estima que la tasa de desempleo abierto aumentará de 7.0% en 2019, a 7.3% en el 2020; es decir, podría haber 10 mil nuevos desempleados este año, lo que, sumado a las tasas de desempleo acumulado, sumarían 237 mil personas al finalizar el presente año.
El régimen Ortegamurillo le ha dado prioridad al presupuesto destinado a la policía y el ejército que como sabemos constituyen sus principales pilares para sostenerse en el poder, en detrimento de la inversión en salud y educación. En este último sector, se redujo el presupuesto para reparación de escuelas en al menos 17 millones de córdobas.
El campesinado nicaragüense está atravesando una situación particularmente crítica debido no solo a la sequía que afecta particularmente al corredor seco, sino a la falta de crédito y al encarecimiento de los insumos agrícolas. La falta de inversión pública en la reparación de caminos rurales es otro de los graves problemas que afecta la producción, pero también la salud de la población rural.
En contra del sentido común, el régimen Ortegamurillo está preparando un paquete de nuevas reformas a la Ley de Concertación Tributaria; Ley de Producción de Granos Básicos; Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario; Ley de Contrataciones del Estado; Ley de Inversiones Extranjeras; Ley de Fomento al Sector Forestal y Ley de Vivienda de Interés Social.
Aunque todavía se desconoce el contenido de estas reformas, las opiniones generalizadas de especialistas en la materia, coinciden en que ningún tipo de reformas tendrá impactos positivos sino se resuelve la crisis política y de derechos humanos.
Para hablar de la crisis socio-económica y su impacto en los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, y de manera particular sobre la segunda reforma a la Ley de concertación tributaria, conversamos con el economista Luis Murillo y también, presentaremos una entrevista con la economista Valeria Gutiérrez.