En la Corriente nos preparamos para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Compartimos el último video de nuestra colección, acerca de las reflexiones que surgieron en las Jornadas Feministas Centroamericanas realizadas entre mayo y agosto del 2021.
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¡Las madres no se rinden exigen justicia! Es una consigna que perdurará en la memoria colectiva del pueblo nicaragüense. Ellas junto a las familias de los más de 350 personas asesinadas durante los meses más cruentos de la represión, continúan reclamando el derecho a la verdad y exigiendo justicia para las víctimas.
Las demandas de las madres, hermanas, tías, esposas y otros familiares de las víctimas fatales del régimen Ortega Murillo, constituyen un pilar fundamental en la construcción de la memoria colectiva con que debemos apuntalar las transformaciones futuras para acabar con una vieja historia de violencia e impunidad.
El reclamo de justicia de las “Madres de Abril”, colectivo creado en medio de la represión, ha sido reconocido internacionalmente con el Premio Ignacio Ellacuría de Cooperación para el Desarrollo 2021, otorgado el 26 de octubre del año recién pasado año. Dicho reconocimiento que fue compartido con la Articulación Feminista de Nicaragua, nos recuerda que las nicaragüenses no están solas en su valiente lucha.
Dando continuidad a la jornada especial de Cuerpos Sin-Vergüenzas dedicada a la conmemoración de estos cuatro abriles, en esta edición nos acompañan Susana López, madre de Gerald Vázquez, asesinado en la UNAN – Managua, y Tamara Morazán, hermana de Jonathan Morazán, asesinado en la marcha del día de las madres; ambas integrantes de la Asociación Madres de Abril – AMA y No Olvida.
En Nicaragua a partir de las protestas de abril 2018 y la brutal represión con que fue respondida por parte del régimen Ortegamurillo, las víctimas directas de la violencia estatal, pasaron a ocupar un lugar relevante en el debate público sobre la crisis que vive el país.
Las madres y familiares de los más de 350 nicaragüenses asesinados, familiares de presos y presas políticas y personas excarceladas, en medio del dolor se organizaron para denunciar la violación de derechos humanos y reclamar justicia para las víctimas. Durante cuatro abriles, sus voces continúan resonando dentro y fuera del país, defendiendo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación por los graves daños provocados por el régimen.
En un contexto cada vez más difícil para la defensa de derechos, las organizaciones de víctimas directas de la represión con el apoyo de colectivos y defensoras de derechos humanos, han realizado una valiosa labor de denuncia, de documentación de casos y formulación de propuestas encaminadas a erradicar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia.
Dando continuidad a nuestra jornada especial dedicada a los aprendizajes y desafíos de estos cuatro abriles, en esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas nos acompañan el profesor Ricardo Baltodano, integrante del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos y la abogada Yonarki Martínez, quien brinda asistencia legal a presas y presos políticos.
De acuerdo con el más reciente informe de actualización sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, la represión desatada por el régimen Ortegamurillo dejó al menos 355 asesinados entre el 18 de abril del 2018 y el 31 de julio de 2019, de los cuales 340 son hombres y 15 mujeres. 27 del total de víctimas mortales son niñas, niños y adolescentes.
En este mismo periodo, la CIDH registra unas 2 mil personas heridas y al menos 1,614 personas víctimas de privación arbitraria de su libertad como represalia por haber participado en acciones de protestas. Actualmente, más de 170 nicaragüenses permanecen encarcelados, incluyendo 15 mujeres y 20 personas de la tercera edad.
El exilio forzado ha sido otra de las graves consecuencias de la crisis de derechos humanos que vive el país. Más de 100,000 nicaragüenses han tenido que salir del país para proteger sus vidas y su libertad.
“La Juventud 19 de abril” fue el nombre del primer programa que realizamos para conmemorar el primer aniversario del estallido de abril, reconociendo la emergencia de un movimiento de jóvenes que creíamos inexistente, después de una década de aparente apatía y desesperanza.
A cuatro años de ese primer abril, inauguramos una jornada especial para continuar reflexionando sobre las lecciones y desafíos que tenemos como sociedad para una vez superada la crisis, encarar las transformaciones urgentes que requiere el país.
Para hablar de los significados de abril particularmente para la juventud nicaragüense, en esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas nos acompañan Carmen Chamorro y Herdy Bravo.
El 21 febrero del presente año, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Este fallo se produce como respuesta a una demanda presentada en el año 2020 por el movimiento Causa Justa, una coalición integrada por más de 90 organizaciones y personas que participan a título individual, creada con el objetivo de ponerle fin a la criminalización del aborto en ese país.
En Colombia el aborto estaba penado con más de cuatro años de cárcel, aunque desde 2006 la norma penal incluyó como excepción sin límites de tiempo, aquellos embarazos producto de la violación, casos de malformación del feto o riesgo de salud para la madre.
En el año 2018, la Fiscalía General de la Nación reportó más de 5000 casos de criminalización por delito de aborto; 42% de las mujeres criminalizadas estaban entre los 15 y 19 años de edad y 75% eran menores de 24 años. Además, 38 niñas de catorce años eran objeto de criminalización.
Con este fallo histórico, el Congreso y el Poder Ejecutivo colombiano tienen la obligación de diseñar e implementar una política pública integral, que incluya: la divulgación de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, asegurar instrumentos de prevención del embarazo y planificación, el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva, acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras, y medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar, dijo la Corte Constitucional colombiana en un comunicado.
Para analizar la experiencia desarrollada por Causa Justa y su impacto en América Latina y El Caribe, en esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas hablamos con Ángela Mateus, profesional de Trabajo Regional de La Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres.
El próximo 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Fue en el año 1988 cuando se proclamó esta fecha en el Primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, realizado en Bogotá, Colombia, con el propósito de colocar en la agenda política la situación de discriminación sistemática, precariedad, infravaloración e invisibilidad de quienes realizan este tipo de trabajo. Se trata una fecha conmemorativa para la reivindicación de derechos laborales del sector, compuesto en su mayoría por mujeres.
La discriminación, la falta de leyes que les amparen, el establecimiento de un pago digno por su labor y el derecho a la protección social por parte de los estados, llevaron a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) proclamara en el año 2011 un tratado mediante el cual se creó el Convenio para asegurar el Trabajo Decente para Trabajadores y Trabajadoras Domésticas. El mismo constituye el primer documento regulatorio de este tipo de actividad laboral.
El trabajo doméstico es una fuente importante de empleo remunerado para las mujeres, y las trabajadoras del hogar representan una de las principales fuerzas de trabajo femenina asalariada en todo el mundo. Las trabajadoras del hogar hacen contribuciones vitales al funcionamiento de los hogares y de los mercados laborales.
De acuerdo a datos de la ONU, en Nicaragua se estima que alrededor de 280 mil personas se desempeñan en el sector del trabajo doméstico, de las cuales el 80% son mujeres.
En el año 2011 el Estado de Nicaragua ratificó el Convenio 189 de la OIT, el cual contempla el reconocimiento de iguales derechos a las trabajadoras del hogar, incluyendo horarios de trabajo, tiempos de descansos, vacaciones, seguridad social, las condiciones y términos claros sobre su trabajo, entre otros. No obstante, la infravaloración de este tipo de trabajo se expresa en su exclusión de los sistemas de protección social y laboral.
En esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas hablamos sobre la situación que atraviesan las trabajadoras del hogar en Nicaragua con Rebeca Centeno, doctora en Ciencias Sociales.
