La Declaración Universal de los Derechos Humanos es probablemente el hito más relevante en la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia, prácticamente todas las naciones del mundo reconocen que todas las personas –independientemente de su nacionalidad, origen étnico, sexo, género, edad, religión- poseen desde el momento de su nacimiento un conjunto de derechos que son inalienables e indivisibles. Así mismo, esta Declaración obliga a los Estados a tutelar y proteger esos derechos sin ningún tipo de discriminación.
Luego vinieron una serie de convenciones vinculantes que en regiones como América Latina adquieren carácter de obligatorio cumplimiento tales como la Carta Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y el Pacto de San José, que ensanchan la comprensión de los derechos humanos en la región.
Si bien es cierto que en muchos países de América Latina existe una profunda brecha entre derechos formalmente reconocidos y el ejercicio de los mismos, hay países que como Nicaragua han estado en la mira de los organismos regionales y globales de las Naciones Unidas, por la sistemática violación de derechos particularmente durante los últimos cuatro años.
De acuerdo con el más reciente informe de actualización sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- la represión desatada por el régimen Ortegamurillo dejó al menos 355 asesinados entre el 18 de abril del 2018 y el 31 de julio de 2019, de los cuales 340 son hombres y 15 mujeres. 27 del total de víctimas mortales son niñas, niños y adolescentes.
En este mismo periodo, la CIDH registra unas 2 mil personas heridas; al menos 1,614 personas han sido víctimas de privación arbitraria de su libertad como represalia por haber participado en acciones de protestas. Asimismo, más de 100 mil personas se han exiliado para preservar sus vidas y su integridad en un clima de represión generalizada.
Actualmente, más de 160 ciudadanas y ciudadanos permanecen en la cárcel acusados de delitos contenidos en las leyes elaborados por el régimen a finales del año 2020, de los cuales 14 son mujeres y 20 de la tercera edad. Las y los presos políticos han sido sometidos a tratos inhumanos y se ha violado de forma sistemático el debido proceso establecido en el código penal vigente.
En la presente edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas queremos reflexionar sobre los desafíos que supone la defensa de los derechos humanos en medio del estado policial de facto que ha conculcado el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de protesta cívica para citar algunos.
Nos acompaña Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, colectivo que acaba de recibir el Premio a la Democracia 2021, otorgado por la Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés).
