30/04/2021
En Nicaragua han transcurrido 13 años de la derogación del artículo 204, una norma jurídica que, en el periodo comprendido entre septiembre de 1992 y mayo de 2008, criminalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo bajo la tipificación de “delito de sodomía”.
Aunque no se conocen datos fidedignos sobre la aplicación de esta norma legal, la tipificación como delito sirvió para justificar la discriminación y la violencia de la que han sido víctimas homosexuales, lesbianas, travestis y personas trans.
El nuevo Código Penal aprobado en 2008 penaliza la discriminación por motivos de orientación sexual, sin embargo, a pesar de la frecuencia con que se cometen actos discriminatorios incluso por parte de funcionarios públicos, no conocemos de ninguna sanción legal.
En el contexto de la crisis generalizada de derechos humanos que vive el país desde abril del 2018, agravada por la total impunidad, las minorías sexuales han estado expuestas a una mayor violencia. La represión, el recrudecimiento de los fundamentalismos religiosos, el exilio forzado, el desempleo y la pobreza, colocan a lesbianas, homosexuales y personas trans en una situación de mayor vulnerabilidad.
En este contexto, elPrograma Feminista La Corriente en colaboración con diversos colectivos que defienden derechos incluyendo los de los cuerpos disidentes, han conjuntado esfuerzos para el montaje del Observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ en Nicaragua. Se trata de superar la cultura del silencio y la impunidad que prevalece en nuestra sociedad y fomentar el respeto a los derechos humanos.
En esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas presentamos el primer informe trimestral que corresponde al período enero – marzo 2021. Nos acompañan Juanita Urbina y Franklin Hooker del equipo coordinador del observatorio.
