El 21 febrero del presente año, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Este fallo se produce como respuesta a una demanda presentada en el año 2020 por el movimiento Causa Justa, una coalición integrada por más de 90 organizaciones y personas que participan a título individual, creada con el objetivo de ponerle fin a la criminalización del aborto en ese país.

En Colombia el aborto estaba penado con más de cuatro años de cárcel, aunque desde 2006 la norma penal incluyó como excepción sin límites de tiempo, aquellos embarazos producto de la violación, casos de malformación del feto o riesgo de salud para la madre.

En el año 2018, la Fiscalía General de la Nación reportó más de 5000 casos de criminalización por delito de aborto; 42% de las mujeres criminalizadas estaban entre los 15 y 19 años de edad y 75% eran menores de 24 años. Además, 38 niñas de catorce años eran objeto de criminalización.

Con este fallo histórico, el Congreso y el Poder Ejecutivo colombiano tienen la obligación de diseñar e implementar una política pública integral, que incluya: la divulgación de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, asegurar instrumentos de prevención del embarazo y planificación, el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva, acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras, y medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar, dijo la Corte Constitucional colombiana en un comunicado.

Para analizar la experiencia desarrollada por Causa Justa y su impacto en América Latina y El Caribe, en esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas hablamos con Ángela Mateus, profesional de Trabajo Regional de La Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres.