Después de casi dos años de injusta prisión, el jueves 09 de febrero del 2023, Nicaragua despertó con la noticia de la liberación de 222 presos y presas políticas quienes por decisión del régimen Ortega Murillo fueron desterrados de su país y enviados a Estados Unidos. Horas después del destierro la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad y de forma expedita una reforma constitucional que les despoja de su nacionalidad, mientras un magistrado de la Corte Suprema de Justicia confirma esta aberrante decisión.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – Cenidh – señaló en su comunicado que el régimen Ortega-Murillo utiliza al poder judicial como instrumento de represión ya que la deportación no se puede aplicar a las personas excarceladas por ser una figura jurídica que se utiliza únicamente para extranjeros que han cometido delitos en un país que no es el suyo.

Además del despojo de la nacionalidad, el régimen Ortega Murillo decidió borrarles del registro civil de las personas, eliminarles de la seguridad social y confiscar sus bienes. Estas medidas también se aplicaron a 94 nicaragüenses en el exilio precisamente por denunciar la violación sistemática de derechos humanos y reclamar democracia para el país.

El despojo de la nacionalidad y la muerte civil impuesta a 322 nicaragüenses constituye un caso inédito y sienta un grave precedente en materia de derechos humanos, frente al que la comunidad internacional debe reaccionar con firmeza. 

En este podcast queremos hablar sobre el impacto que la cárcel, el destierro y la pérdida legal de la nacionalidad ha tenido en la vida de las mujeres y sus familias. Para ello hemos invitado a una expresa política que sufrió cárcel por más de dos años por haber participado en actividades de protesta frente a la represión desatada por el régimen Ortega Murillo.  

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