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El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, fecha elegida por redes feministas para demandar a los estados políticas públicas que hagan efectivo el derecho a la salud para todas las mujeres a lo largo de su ciclo de vida.

Centroamérica es una de las regiones más pobres y desiguales de América y también figura entre las más violentas. Estos problemas estructurales tienen un impacto severo sobre la salud de amplios sectores de la sociedad y en particular sobre las mujeres que, a pesar de su aporte crucial a la reproducción humana y las tareas de cuidado, no son considerados como sujetas de derecho.

Las políticas públicas de salud en la mayoría de los países centroamericanos carecen de un enfoque integral, así como, de recursos suficientes para atender las necesidades de las niñas, adolescentes, adultas y mayores. En el mejor de los casos, se da prioridad a las mujeres en edad reproductiva desde un enfoque que las ubica como medios para la reproducción, desatendiendo otras dimensiones como la salud psico-emocional, la salud sociolaboral, la salud ambiental, entre otras.

Las organizaciones feministas que trabajan en el ámbito de la salud han puesto la mirada en la salud sexual y reproductiva, investigando y denunciado la falta de respuesta de los estados para atender problemas endémicos que afectan a cada vez más mujeres.

En este podcast conversaremos con dos integrantes de colectivos nacionales y redes regionales que trabajan en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, acerca de los problemas y propuestas construidas para avanzar en su reconocimiento.

Estamos en mayo y el comercio nos recuerda que ya comenzó el mes de la madre. De espaldas a la crisis que vive el país, nos invitan a comprar el “mejor regalo para mamá”, como si ello fuese la principal prueba de amor que hijas e hijos pueden entregar a sus madres, provocando con semejante presión no pocas frustraciones. ¿Y si estamos en el desempleo? ¿Y si solo ganamos el salario básico? ¿Y si tenemos otras urgencias, como comprar la comida que cada día esta más cara?

En todo caso, no será desde el marketing y la publicidad que lograremos hablar de lo que significa la maternidad en la vida de las mujeres, sino desde una recuperación sincera de sus experiencias que como ya hemos dicho en otras ocasiones, está plagada de claroscuros.

Desde el momento en que una mujer por voluntad propia o por presión social se embarca en un proyecto de maternidad, está segura que su vida cambiará de manera radical. Dichos cambios pueden ser más o menos difíciles teniendo en cuenta diversos factores que incluyen aspectos tales como la edad, los niveles de educación, los recursos de que dispone, la existencia de redes de apoyo entre muchos otros factores.

Tomando en cuenta la creciente realidad de la migración de nicaragüenses, en este podcast conversaremos sobre las mujeres que son madres y que deciden migrar en busca de alternativas laborales que les permitan satisfacer las necesidades básicas de sus dependientes y también, de las mujeres que se quedan al cuidado de sus hijos e hijas.

Las madres migrantes son conscientes de las consecuencias que la separación trae en términos emocionales, sin embargo, como en muchos otros ámbitos de la vida, se ven obligadas a elegir entre la estabilidad que proporcionar la convivencia cotidiana y el bienestar presente y futuro de sus hijos e hijas.

En esa disyuntiva las mujeres que migran depositan en otras mujeres generalmente de la familia las tareas de cuidado de sus hijas e hijos, a la vez que cuidan de hijos de mujeres/parejas en los países de recepción.

¿De qué manera se organizan los sistemas de cuidado en que participan las mujeres que migran y quienes se quedan? ¿Qué implicaciones tiene para ambas estos cambios drásticos en sus vidas? ¿Existen otras opciones en países como Nicaragua donde la mayoría de la población está desempleada o gana salarios mínimos que nos permiten comprar ni la mitad de la canasta básica ¿Como cambian los significados y las prácticas de la maternidad en tiempos de migración? De eso vamos a hablar.

Después de casi dos años de injusta prisión, el jueves 09 de febrero del 2023, Nicaragua despertó con la noticia de la liberación de 222 presos y presas políticas quienes por decisión del régimen Ortega Murillo fueron desterrados de su país y enviados a Estados Unidos. Horas después del destierro la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad y de forma expedita una reforma constitucional que les despoja de su nacionalidad, mientras un magistrado de la Corte Suprema de Justicia confirma esta aberrante decisión.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – Cenidh – señaló en su comunicado que el régimen Ortega-Murillo utiliza al poder judicial como instrumento de represión ya que la deportación no se puede aplicar a las personas excarceladas por ser una figura jurídica que se utiliza únicamente para extranjeros que han cometido delitos en un país que no es el suyo.

Además del despojo de la nacionalidad, el régimen Ortega Murillo decidió borrarles del registro civil de las personas, eliminarles de la seguridad social y confiscar sus bienes. Estas medidas también se aplicaron a 94 nicaragüenses en el exilio precisamente por denunciar la violación sistemática de derechos humanos y reclamar democracia para el país.

El despojo de la nacionalidad y la muerte civil impuesta a 322 nicaragüenses constituye un caso inédito y sienta un grave precedente en materia de derechos humanos, frente al que la comunidad internacional debe reaccionar con firmeza. 

En este podcast queremos hablar sobre el impacto que la cárcel, el destierro y la pérdida legal de la nacionalidad ha tenido en la vida de las mujeres y sus familias. Para ello hemos invitado a una expresa política que sufrió cárcel por más de dos años por haber participado en actividades de protesta frente a la represión desatada por el régimen Ortega Murillo.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define “salud” como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Establece pues, una relación directa entre el estado de salud de las personas y la calidad de los
vínculos sociales.

Nicaragua es un país empobrecido, con profundas brechas de desigualdad que afecta a la mayoría
de los hogares del campo y la ciudad, con altos índices de violencia machista que afecta
particularmente a las mujeres y otros cuerpos feminizados.

Al panorama anterior debemos sumarle las consecuencias del Covid 19, una pandemia que
todavía hace estragos, aunque el estado niegue miles de muertes y enfermedades derivadas del
virus; así como el estado de miedo e incertidumbre que se ha instalado como consecuencia de la
represión desatada a partir de abril del 2018.

La migración de miles de nicaragüenses también ha supuesto la separación de las familias, el
debilitamiento de las redes de apoyo y el duelo que supone alejarte de los seres queridos de
manera forzada.

Sobre las mujeres recae la gestión no solo las urgencias propias de la sobrevivencia, sino el
impacto que emocional que los problemas antes señalados tienen sobre sus familias, que muchas
veces pueden llegar hasta la depresión.

En este podcast conversaremos con dos psicólogas feministas acerca de la salud mental de las
mujeres y la ausencia de políticas para atender esta dimensión de la salud.

La ausencia de políticas de educación sexual integral y de servicios públicos integrales y de calidad, forman parte de las causas del deterioro de la salud sexual y reproductiva de la población nicaragüense.

La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva llamada “Actuar hoy, para asegurar un futuro mejor para todos” reconoce grandes carencias en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para la población en general. En cuanto a la atención de personas LGBTI+ destaca que lesbianas, bisexuales y homosexuales consultan menos los servicios de salud pública por temor a sufrir algún tipo de discriminación por parte del personal de salud.

La Estrategia también reconoce que la ausencia de un programa de educación sexual en la enseñanza pública que tome en cuenta la diversidad sexual y de género, contribuye a la persistencia de valores y actitudes sesgadas, afectando negativamente la calidad de los servicios.

El Informe alternativo: Derechos humanos de mujeres y jóvenes en Nicaragua, elaborado por diversos colectivos feministas en el marco de la III Reunión de Población y Desarrollo en América Latina y El Caribe en el año 2018, afirma que si bien existe una estrategia de salud sexual y reproductiva, la misma adolece de falta de recursos financieros, el debilitamiento de las relaciones de cooperación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas y la discontinuidad de los programas gubernamentales en este ámbito.

La limitada cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva tanto en términos geográficos como hacia ciertos sectores de la población, la falta de confidencialidad y servicios no adecuados a las necesidades de personas LGBTIQ+, son parte de los problemas que se han profundizado en medio de la crisis que vive el país.   

Para hablar de estos temas en Cuerpos Sin-Vergüenzas, hemos invitado a la Dra. Scarleth Solís Cooper, médica general y cirujana, especialista en Ginecología y Obstetricia, consultora internacional en Salud sexual y reproductiva.

13/11/2020

Como parte de su escalada represiva y en medio de la pandemia del Covid19 y de los graves impactos del Huracán Eta, el régimen Ortegamurillo avanza en la aprobación de un combo de leyes que empezó con la Ley de regulación de agentes extranjeros y continua con la llamada “Ley mordaza” la cual fue precedida por la aprobación de una “Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, vía decreto presidencial.

Así mismo, fue dictaminado una nueva ley para establecer cárcel de por vida o cadena perpetua, la cual requerirá de una reforma a la Constitución prevista para inicios del año 2021.

La Ley especial de ciberdelitos fue aprobada el pasado 15 de octubre por una Asamblea Nacional controlada por la bancada del Fsln. Tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos “por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”.

El artículo 30 de esta ley recién aprobada, establece que las publicaciones que perjudiquen el honor, el prestigio o reputación de una persona, supondrán una pena de entre uno a tres años de prisión, además, una multa de entre 150 y 300 días de salario. También establece que “si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada incita al odio o la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana” se impondrá una pena de entre 3 a 5 años de prisión y una multa de entre 500 a 800 días de salario.

Ericka Guevara Rosas, Directora para Las Américas de Amnistía Internacional, manifestó que “la aprobación de esta nueva ley vuelve a confirmar que el gobierno de Daniel Ortega no está dispuesto a detener la represión y mucho menos a respetar los derechos humanos de la población”, por lo que hacen un llamado a la comunidad internacional a condenar esta conducta estatal.

En esta edición de Cuerpos Sin-Vergüenzas conversamos con Nino, defensora de derechos humanos y asesora en seguridad digital y Álvaro Navarro, periodista y director de Artículo 66, sobre el impacto que la Ley de Ciberdelitos pueda tener sobre la prensa independiente y las redes sociales en medio de una profunda crisis socioeconómica, sanitaria, ambiental y política y en pleno año electoral.