Una postura feminista ante la situación nacional
En el marco de la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la violencia hacia las mujeres, y estando a tan solo tres semanas de las elecciones presidenciales en Nicaragua, una de las expresiones del feminismo nicaragüense, organizada durante más de una década, ha considerado necesario posicionarse públicamente para reiterar nuestra posición política en torno a la problemática nacional.
Más allá de la evidente distorsión del sufragio universal como máxima expresión de la soberanía del pueblo, nos preocupa la falta de comprensión de todos los partidos políticos, incluyendo el partido de gobierno, de la persistencia de la discriminación que afecta a las mujeres pobres, a las indígenas, a las afrodescendientes, a las mujeres rurales, a las mujeres con discapacidad, a las trabajadoras sexuales, a las mujeres migrantes, a las lesbianas y mujeres trans.
Si bien no vemos en el escenario nacional agrupaciones partidarias que ofrezcan programas responsables frente a los problemas del país, nos resulta de extrema gravedad la repetición de un proceso electoral controlado exclusivamente por el gobierno, lo que evidentemente le niega legitimidad.
El desempleo, el empleo precario e informalizado (el 80%), los bajos salarios, la falta de seguridad social, la falta de acceso a la tierra, el reducido impacto de las políticas de compensación que desarrolla el gobierno, la ausencia de políticas que atiendan la problemática de los sectores más empobrecidos de la sociedad, que constituyen la mayoría de la población (40.5% FIDEG, 2013), son claras evidencias de los pírricos avances alcanzados durante la última década en la reducción de la pobreza y de las desigualdades.
A esta realidad contribuyen no solo el orden económico internacional, sino unas políticas de gobierno que privilegian la inversión de los grandes capitales, a costa de una fuerza de trabajo mal pagada, con los más bajos salarios de Centroamérica y con una baja calificación técnica. La ineficiencia y la corrupción prevaleciente en el Estado, constituyen dos factores principales que explican los limitados impactos de las políticas públicas para reducir la pobreza.
La exoneración de impuestos a la gran empresa privada como base de la alianza del gobierno con el COSEP, el uso de los recursos del Instituto de Seguridad Social para favorecer a la inversión privada, que coloca a esta institución en un estado inevitable de insolvencia, la mala gestión de los recursos petroleros otorgados por el gobierno de Venezuela a Nicaragua, evidencian la pervivencia de un modelo económico orientado por las lógicas del neoliberalismo que distan mucho de la retórica socialista utilizada por el gobierno del FSLN.
Asistimos con suma preocupación al reforzamiento de lógicas autoritarias por parte del Estado nicaragüense, que se expresan no solo en la aprobación de leyes que no cuentan con la aprobación del pueblo, como la ley que otorga toda clase de privilegios a una empresa de origen chino para la construcción del canal interoceánico, sino en la clara imposición de un modelo de participación totalmente controlado por el Estado-Partido y de la creciente hostilidad a los medios de comunicación críticos al gobierno.
En un país en donde la guerra de finales de los 70 y de los 80 dejó tanto dolor y tanta muerte a la sociedad nicaragüense, nos alarman las políticas de rearme que el gobierno de Daniel Ortega ha llevado a cabo de forma silenciosa, con la colaboración del gobierno imperialista de Vladimir Putin. Los movimientos feministas de Centroamérica hemos alertado sobre los peligros de la remilitarización de los gobiernos de esta región que todavía tienen fresco en su memoria el peso de las dictaduras militares.
La falta de respeto del gobierno de Nicaragua a los derechos humanos de los hombres y mujeres migrantes provenientes de África y otros países de América Latina, solo se pueden entender en el marco de las políticas de cooperación del gobierno de Nicaragua con los intereses xenófobos predominantes en las políticas de Estados Unidos de Norteamérica.
El actual gobierno de Nicaragua, ha demostrado una activa complicidad con la violencia machista, la cual queda evidenciada no solo en la aprobación de un reglamento que desdice lo establecido en la Ley Integral de Prevención de la violencia contra las mujeres, sino en la desarticulación ilegal de la ruta institucional establecida para atender las denuncias en los casos de violencia denunciados por las víctimas.
Cómo se puede explicar que mientras los observatorios de mujeres reportan casi cincuenta femicidios en lo que va del año, la Policía Nacional, en su último reporte reconoce apenas ocho. Se trata no solo del desprecio por la vida de las mujeres víctimas de la violencia machista, sino de la perversión del papel de las instituciones públicas encargadas de sancionar a los agresores, emitiendo un mensaje legitimador de esta violencia.
La primera acción del gobierno de Daniel Ortega, en el año 2007 fue la penalización absoluta del aborto bajo el gastado argumento de que tal disposición respondía a la voluntad de un pueblo mayoritariamente católico, ocultando de forma deliberada el hecho incuestionable de que son las mujeres cristianas las que abortan. Este gobierno ha utilizado el cuerpo de las mujeres y en particular de las más pobres como carta de negociación con las jerarquías católica y evangélica, que reclaman para sí el control sobre los cuerpos de las mujeres.
El deterioro de los servicios de salud sexual y reproductiva junto a la falta de políticas de educación sexual, constituyen dos de las causas principales del incremento de muerte de mujeres y del alto porcentaje de embarazos en niñas y adolescentes, a tal punto que nos hemos colocado en el tristemente primer lugar de América Latina y el Caribe.
Las feministas una vez más rechazamos la utilización del cuerpo de las mujeres para negociar cuotas de poder entre los poderes político, económico y religioso, por ello continuaremos luchando con nuestros propios medios y haciendo alianzas únicamente con aquellos actores sociales dispuestos a colocar en el centro de las propuestas de cambio la justicia y la igualdad para hombres y mujeres en todos los planos de la vida.
Managua, 18 de octubre del 2016.
