Declaración del Encuentro Centroamericano de Mujeres: Tres décadas por nuestros derechos, resistencias, demandas y propuestas Tegucigalpa, Honduras, diciembre 2014.
Los días 11 y 12 de diciembre del 2014, en la ciudad de Tegucigalpa, nos reunimos más de 40 activistas feministas de Centroamérica, en ocasión de conmemorar los 30 años de historia del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, organización pionera en la defensa de los derechos de las mujeres hondureñas.
En este marco de celebración y homenaje a “Las Chonas”, compartimos miradas diversas sobre la situación de la mayoría de mujeres centroamericanas, las principales violaciones a sus derechos y las demandas planteadas por las organizaciones y redes feministas en la región.
A 20 años del Programa de Acción de El Cairo y de la Plataforma de Acción de Beijing, y teniendo como instrumento vinculante por excelencia la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y la Convención de Belen Do pará, las feministas reiteramos nuestra firme disposición de continuar defendiendo este marco internacional del cual hemos sido protagonistas.
Frente al espejismo que representan las ODM y sus metas, como una salida minimalista que impide el abordaje integral de los graves problemas estructurales que generan la pobreza en que viven millones de mujeres y hombres centroamericanos, las feministas reunidas en este encuentro reiteramos nuestras denuncias y demandas dirigidas a los gobiernos de la región, a las instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte que controlan la ayuda oficial al desarrollo, quienes tienen responsabilidades directas e intransferibles en la sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres en Centroamérica y otras regiones del mundo.
En ese estrecho marco, el modelo neoliberal ha producido mayor pobreza y ampliado las brechas de desigualdad entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre mestizos, afrodescendientes e indígenas, nuestra primera y más grave preocupación es la imposibilidad de avanzar en la construcción de sociedades más justas y equitativas, sin modificar las lógicas capitalistas, patriarcales, racistas y heterosexistas.
La alianza feroz entre el neoliberalismo y el patriarcado exige no solo el reforzamiento de todas las jerarquías de poder existente, sino de la explotación de las energías, talento y capacidades de las personas. Miles de mujeres en Centroamérica son explotadas diariamente en las empresas de maquila, en el trabajo doméstico y en general, en la realización de trabajos precarios que a duras penas les permite sobrevivir, lo que es peor, convirtiéndolas en presa fácil del narcotráfico.
Frente a esta realidad de discriminación y empobrecimiento creciente de las mujeres, los gobiernos centroamericanos no solo encubren las cifras y los rostros de la pobreza, sino que se limitan a ofrecer programas de asistencia que además de mantener intactas las verdaderas causas de la pobreza, entre ellas la división sexual del trabajo, son manipulados por los líderes políticos y utilizados con fines clientelistas para preservar el control hegemónico de nuestros empobrecidos países.
El neoliberalismo y el patriarcado ven en los recursos naturales una fuente de obtención de lucro de las empresas transnacionales, que cada vez con mayor fuerza controlan países y regiones enteras, vulnerando toda noción de soberanía.
Las empresas extractivistas en alianza y complicidad con la mayoría de los gobiernos centroamericanos, propician el comercio irracional de recursos naturales; la explotación minera y de recursos hídricos, la construcción de mega proyectos tales como el canal interoceánico, que provocará graves daños al medio ambiente, incluyendo la contaminación del lago de Nicaragua.
El neoliberalismo y el patriarcado exigen sumisión y obediencia por parte de los grupos excluidos y discriminados. La mayoría de los gobiernos centroamericanos que muestran una preocupante tendencia a la militarización y al autoritarismo maquillado de democracia, no han dudado en recurrir a la criminalización de las protestas que están llevando a cabo particularmente las mujeres en defensa de la vida y de sus territorios; las indígenas y campesinas guatemaltecas, hondureñas y costarricenses han sufrido en carne propia esta violencia institucionalizada.
La violencia machista continúa siendo una de las principales estrategias patriarcales para sostener la dominación masculina sobre las mujeres. Durante la última década han sido asesinadas aproximadamente 12,178 mujeres en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; mientras la respuesta estatal frente a los femicidios/feminicidios es casi nula en estos países, la mayoría de los cuales quedan en la impunidad.
El neoliberalismo y el patriarcado requieren de Estados débiles y ciudadanías inexistentes. En todos los países centroamericanos se han profundizado las brechas entre derechos formales y derechos reales, institucionalizándose la demagogia y la política de la no decisión, como estrategia de los gobiernos frente a los avances en el reconocimiento de los derechos humanos, en el marco de las conferencias internacionales desarrolladas durante las dos ultimas décadas.
Claro ejemplo de ello es la falsa imagen proyectada sobre Panamá como un país próspero, con un crecimiento económico sustentado en el lavado de dinero y la inversión de la narco mafia internacional, con la benevolencia de los gobiernos neoliberales de turno que sin reparo subastan la importancia geopolítica del país como centro de tránsito mundial.
Los Objetivos y metas de desarrollo del milenio a pesar de su alcance minimalista, en la mayoría de los países centroamericanos no se han cumplido pese a los informes optimistas que han presentado los gobiernos ante los países que controlan la ayuda oficial al desarrollo. La fragmentación de los sistemas de salud, e incluso el colapso en países como Honduras; las altas tasas de analfabetismo en la población indígena y afrodescendiente; el deterioro creciente de la calidad de la educación primaria, incluyendo el predominio del racismo y del sexismo; el peso de la desnutrición infantil; forman parte de los graves problemas que persisten en la mayoría de países centroamericanos.
La penalización absoluta del aborto en Nicaragua, Honduras y El Salvador, representa una de las más flagrantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres, sobre todo de aquellas que viven en condiciones de pobreza. A pesar de la supuesta reducción de las tasas de mortalidad materna, decenas de niñas, adolescentes y jóvenes continúan muriendo como consecuencia de embarazos de alto riesgo.
La falta de indicadores apropiados para visibilizar la situación de pobreza de los grupos más discriminados, incluyendo a la población indígena y afrodescendiente, sumado a la falta de información confiable por parte de la mayoría de los gobiernos centroamericanos, hace impensable la rendición de cuentas y la transparencia. La corrupción continúa siendo un mal endémico, que representa una forma de expropiación de los recursos públicos que deberían orientarse a la reducción de la pobreza.
Si bien han sido desiguales los avances en materia de creación de mecanismos para promover la transversalización del enfoque de género en el Estado; en la actualidad es una tendencia generalizada su debilitamiento. En algunos casos como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, hay un verdadero retroceso ya sea por la desaparición total o por la difuminación de institutos, secretarías y comisiones de la mujer en las instituciones del Estado.
Otra tendencia preocupante que presentan los mecanismos de la mujer en algunos países de la región, es la utilización de recursos públicos para financiar organizaciones con fines religiosos, que en muchos casos se oponen a los derechos de las mujeres, sobre todo en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos.
El debilitamiento o la ausencia de mecanismos de interlocución del Estado con las organizaciones de mujeres y feministas, es una tendencia general en Centroamérica. En algunos países como Nicaragua, desde el gobierno se mantiene una campaña sistemática de desacreditación de las organizaciones feministas, negándoles su legítimo derecho a la participación.
En Panamá después de Beijing fueron creadas cincuenta oficinas gubernamentales de la mujer a las que durante la última década se les fue disminuyendo la partida presupuestaria y hoy apenas se mantienen la mitad de ellas, las que sobreviven sin presupuesto ni personal especializado.
La representación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones ha sufrido importantes retrocesos en países como Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala. En otros casos como Nicaragua, si bien se han incrementado la participación numérica de las mujeres, dicha participación no responde en modo alguno a las demandas de igualdad y equidad planteadas por las feministas, quienes han sostenido altos niveles de participación política desde sus movimientos.
Las organizaciones de mujeres y feministas debemos enfrentar las crecientes agresiones de poderes conservadores y fundamentalistas que están dentro y fuera del Estado, que se oponen al avance de los derechos de las mujeres, con especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. Algunos gobiernos centroamericanos han negociado con grupos fundamentalistas las reservas al Cairo y Beijing, la penalización del aborto, la prohibición de la anticoncepción de emergencia, el rechazo a la educación sexual en la enseñanza pública, entre otros.
La mayoría de organizaciones de mujeres y feministas de Centroamérica no hemos sido consultadas por los gobiernos de la región en el proceso de elaboración de los informes oficiales para evaluar el grado de cumplimento de las conferencia internacionales. Tampoco hemos sido consultadas en la evaluación de las ODM y sus metas, de tal manera que prevalecen las limitadas visiones gubernamentales sobre la situación de las mujeres y las brechas de desigualdad.
De manera alarmante vemos que se está produciendo de manera vertiginosa una tendencia a la criminalización de las activistas y nuestros movimientos. Por otra parte, se intenta responsabilizar a las organizaciones feministas y de mujeres del no cumplimiento de metas y objetivos del milenio, que son responsabilidad de los estados y de la sociedad en su conjunto.
Nuestras Demandas:
Las feministas centroamericanas que formamos parte de un conjunto de iniciativas locales, nacionales y regionales para la defensa de los derechos de las mujeres, en ocasión de la consulta global para la construcción de una Agenda Integral de Desarrollo, más allá del 2015, reiteramos una vez nuestras principales demandas a los gobiernos centroamericanos:
1. Retomando la dramática experiencia de México, exigimos a los gobiernos de Centroamérica frenar las actuales tendencias a la militarización del Estado bajo el pretexto de combatir el narcotráfico; y desarrollar una política de seguridad ciudadana basada en el respeto a los derechos y libertades de toda la ciudadanía, incluyendo a las mujeres.
2. Suspender cualquier tipo de concesiones a empresas nacionales o transnacionales que impliquen expropiación de las tierras de las comunidades rurales e indígenas, o deterioro de los recursos naturales.
3. Exigimos a los gobiernos de la región y en particular Nicaragua y Honduras, evitar toda tentación autoritaria que implique la perpetuación en el poder de un determinado caudillo, ya que ello entraña serios peligros para la pacificación y la democratización de la región..
4. Demandamos el cumplimiento de las leyes que castigan el delito de malversación y apropiación indebida de los fondos públicos, que ha creado una crisis de gobernabilidad que amenaza la convivencia democrática de nuestras sociedades.
5. Exigimos verdaderos esfuerzos de los gobiernos en el fortalecimiento del Estado de derecho y de la institucionalidad pública y de género, como condición necesaria para el impulso de políticas y asignación de recursos públicos en pro de los derechos humanos de las mujeres.
6. Demandamos el restablecimiento y la dinamización en el corto plazo, de los mecanismos nacionales y de la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, asignando los presupuestos necesarios para que desempeñen sus funciones de manera eficiente y estable.
7. Exigimos la inmediata revisión de los programas de transferencia condicionada orientados a las mujeres que viven en condiciones de pobreza, con miras a rediseñar una estrategia integral de erradicación de la pobreza desde una mirada integral del empoderamiento de las mujeres.
8. Restablecer y fortalecer los mecanismos de interlocución con las organizaciones de mujeres y feministas de cara al seguimiento de los acuerdos internacionales, como base para el desarrollo de políticas públicas orientadas a la erradicación de la pobreza y el logro de la igualdad y la equidad social y de género.
9. Reconocer en su integralidad los derechos sexuales y reproductivos, desistiendo de acuerdos facticos e ilegales con grupos fundamentalistas que se oponen a tales derechos.
10. Formular en conjunto con las organizaciones de mujeres y feministas una estrategia de corto, mediano y largo plazo encaminada a frenar la ola de femicidios/feminicidios en la región.
11. Asegurar garantía de derechos y protección a las defensoras de derechos humanos de las mujeres.
Así mismo, demandamos a los gobiernos del norte, la ayuda oficial al desarrollo y el Sistema de Naciones Unidas:
- Asegurar un proceso de consulta transparente y participativa para la construcción de la agenda integral de desarrollo, teniendo como base los acuerdos alcanzados en las conferencias internacionales. Retomar la CEDAW, el Cairo y Beijing para la construcción de una agenda global de desarrollo más allá del 2015.
- Cumplir con los compromisos adquiridos para financiar una verdadera agenda de desarrollo, que tome en cuenta las actuales brechas de desigualdad y el empobrecimiento creciente de las mujeres.
- Garantizar una verdadera rendición de cuentas de los organismos del Sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos de las mujeres.
- Contribuir con el fortalecimiento de actores realmente comprometidos con la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
“Todos los derechos para todas las mujeres todos los días”
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Para comprender la dimensión de los derechos sexuales y reproductivos Jhony Jiménez detalló que son todos aquellos derechos referidos a la vivencia de nuestra propia sexualidad, tomando en cuenta que somos seres humanos sexuados.
Martha Meneses señala que los embarazos no deseados en las mujeres y la resistencia de los hombres al uso del condón en las relaciones sexuales son parte de los problemas que generan la poca o nula información sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en adolescentes y jóvenes.
